Dolores evitables | El Independiente

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Si la multa es alta, hay remedios caseros para mitigarla Tal vez la expresión del ministro Guzzio le caiga mal a muchos, pero aquello de que hay que “lastimarle el bolsillo” a los organizadores de eventos clandestinos en tiempos de pandemia se funda en un principio ya convertido en ley en algunos ámbitos de la […]

Tal vez la expresión del ministro Guzzio le caiga mal a muchos, pero aquello de que hay que “lastimarle el bolsillo” a los organizadores de eventos clandestinos en tiempos de pandemia se funda en un principio ya convertido en ley en algunos ámbitos de la vida en el Paraguay. Si la multa no duele, no sirve para gran cosa. Es apenas una relación costo-beneficio y si las cuentas salen bien, la multa pasa a ser un costo más de producción.

Quienes aprobaron la ley 716 que sanciona delitos contra el medio ambiente llegaron a la conclusión de que sólo arruinándoles el negocio a los infractores podrían detener la destrucción medioambiental. Así, quienes talen bosques protegidos y comercialicen la madera o el carbón resultantes se exponen a multas de hasta Gs. 170 millones y de tres a ocho años de carcel. A sanciones similares se arriesgan los responsables de industrias que viertan efluentes o desechos industriales no tratados de conformidad a las normas que rigen la materia en lagos o cursos de agua subterráneos o superficiales...

Naturalmente, no somos ilusos. Se sabe muy bien que en el Paraguay pueden amenazarte con una multa de dos o tres mil millones de guaraníes que el efecto será similar al de una multa mínima que lo volverá ineficiente como factor disuasivo al delito infracción. La corrupción de los organismos de aplicación de la ley y la venalidad de sus agentes de campo hacen que la multa, por crecida que sea, termine diluyéndose en una coima que para el funcionario puede ser una jugosa ganancia del día y para el infractor un costo aceptable para seguir su negocio sucio.

Esta triste y dura realidad impera en el Gobierno paraguayo, ya sea nacional, departamental o municipal. El negocio consiste en crear leyes y órganos de aplicación -como la ley de delitos ambientales-, con fuertes sanciones para los transgresores y luego dejar sin recursos a la agencia en donde unos escasos y famélicos funcionarios se ponen a tiro de la transa y reparten luego los dividendos.

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