Pablo Seitz de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas señaló que el sistema informático de registros que poseen no funciona para detectar irregularidades relacionadas a personas que puedan tener influencia política para hacer lobby en relación a alguna adjudicación para el estado. Afirmó que se está impulsando un registro nacional obligatorio de proveedores.
Seitz explicó que en el control de procedimientos en la evolución para las licitaciones incluye el análisis de propietarios, de accionistas, de directores y de apoderados las empresas en el proceso evaluación, y forma parte del proceso evaluativo que reglamentó la DNCP y está establecida la obligatoriedad que tienen los miembros del comité evaluación de verificar dos grandes bases de datos importantísimas.
Primero la base de datos de DNCP para verificar si las personas o las empresas oferentes están o no inhabilitadas para contratar con el Estado en base a decisiones tomadas por la DNCP en el marco de sumarios administrativos y por tanto no puede presentar ofertas para participar en licitaciones.
Y la segunda base de datos que la Unidad Operativa de Contrataciones o el Comité de Evaluación de las licitaciones está obligada a verificar el Sistema Nacional de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda dónde está la lista de todos los funcionarios públicos a los efectos de verificar que ninguno de ellos esté en la nómina de accionistas o de directores de la empresa y se sí eventualmente está, que no esté comprendido entre las inhabilitaciones de la ley de Contrataciones Públicas y la Ley de la Función Pública que son las dos leyes que rigen la posible participación o...
Pero este sistema automatizado no funciona para filtrar personas que puedan hacer “Lobby” para quedarse con alguna licitación.
Leer la nota completa en La Union