Hace cuatro años que se presentó la denuncia penal por parte de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero. La causa estuvo al borde de la prescripción por estar cajoneado durante dos años.
Sin embargo, pese a que hace cuatro años se investiga el caso, a la fecha no hay imputados. Primeramente había sido designada la fiscal Silvia Cabrera, quien supuestamente cajoneó el expediente, por lo que estuvo al borde de la prescripción.
Posteriormente, la representante fiscal fue trasladada a la sede 1 del Ministerio Público y en su lugar fue reasignada la fiscal Claudia Morys, quien al percatarse que podía prescribir la causa realizó múltiples allanamientos en las empresas de fachada en Ciudad del Este y Asunción y, de esta manera, se interrumpieron los plazos.
Específicamente, una comitiva fiscal con más de treinta funcionarios realizaron más de veinte procedimientos simultáneos durante dos días en firmas que serían de maletín y se incautaron de documentos, equipos informáticos y facturaciones.
Dichas empresas tuvieron movimientos bancarios consistentes en transferencias al exterior por un monto aproximado de USD 1.200.000.000, según había comentado el fiscal adjunto de Delitos Económicos, Federico Espinoza, (hoy trasladado a Misiones por Alejo Vera).
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