La Contraloría concluyó la no sustentabilidad del crecimiento patrimonial de la exjueza del Juzgado de Paz del distrito de San Roque, Liliana González de Bristot, por G. 721.306.161, entre los años 2010 y 2014 (estaría prescripto). “No existe correspondencia en su evolución patrimonial, de conformidad a las documentaciones que tuvimos a la vista”, señala el […]
La Contraloría concluyó la no sustentabilidad del crecimiento patrimonial de la exjueza del Juzgado de Paz del distrito de San Roque, Liliana González de Bristot, por G. 721.306.161, entre los años 2010 y 2014 (estaría prescripto). “No existe correspondencia en su evolución patrimonial, de conformidad a las documentaciones que tuvimos a la vista”, señala el dictamen de CGR remitido a la Fiscalía.
La Contraloría sobre el estudio de correspondencia de la exjueza Liliana González de Bristot, confirma la no sustentabilidad de su crecimiento patrimonial en el periodo comprendido 2010 a 2014. González de Bristot fue cabeza del juzgado de Paz de San Roque de Asunción, uno de los juzgados donde se emprendieron miles de juicios ejecutivos para embargos salariales, caso conocido como la mafia de los pagarés.
El documento oficial firmado por la Lic. Gabriela Gómez Ovelar, en calidad de Jefa de Dictámenes de Remuneraciones y Profundizaciones, el Ing Denis Cano, Director de Dictámenes y Control, junto con el Director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, Armindo Torres, expone el resultado del análisis de cinco Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de fechas 13/04/1999, 29/05/2003, 06/12/2010, 19/06/2014 y 20/09/2019, los informes recibidos de las instituciones públicas y privadas, el descargo presentado por la misma mediante el Expediente N° 2025-14001001-006131.
“Entre los principales hallazgos del trabajo de campo se destacan que el descargo presentado por la declarante se ha dejado constancia de omisiones y errores de exposición, que derivaron a acciones correctivas al patrimonio neto; esto en razón a la necesidad de obtener precisión en cuanto al análisis de evolución patrimonial entre las DJBR analizadas y por ende establecer la sustentabilidad y correspondencia de forma correcta”, refiere el documento de la Contraloría General.
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