El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, atacó varios artículos de la Ley del Presupuesto General para no rendir cuenta sobre el uso de gastos reservados que ascienden a más de G. 2.000 millones. Asimismo, no quiere informar sobre nombrados, contratados y comisionados a otros entes.
El fiscal adjunto y director de gabinete de la Fiscalía General del Estado, Roberto Zacarías, confirmó que la acción de inconstitucionalidad se presenta cada año ante la Corte Suprema porque el Ministerio Público no se rige por la Ley de la Función Pública en el manejo de su presupuesto, debido a que es un ente autárquico funcional y administrativo.
Díaz Verón planteó la acción que será definida por la Sala Constitucional integrada por los ministros Miryam Peña, Antonio Fretes y Gladys Bareiro de Módica.
El titular del Ministerio Público se alzó contra los artículos 20 y 21 de la Ley N° 5554/16, que tienen que ver con el manejo de los gastos de personal, aportes jubilatorios, bonificaciones, entre otros.
A su vez, el fiscal general accionó contra veinte artículos del Anexo A del Decreto N° 6715/2017, entre ellos el artículo 412 que establece los procedimientos para la rendición de los gastos reservados. Díaz Verón maneja más de G. 2.000 millones de manera anual y no pretende dar informaciones sobre el destino del dinero.
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