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Después que el encarcelado diputado Ulises Quintana ha descabalgado de su candidatura a intendente de Ciudad del Este, se han calmado las aguas en Colorado Añetete respecto a los nubarrones de inestabilidad política que presagiaban los críticos al oficialismo, incluso dentro de la ANR, pero el paso al costado del legislador sólo ha puesto más en evidencia la jugada de la fiscalía y de sectores del mismo gobierno abdista, con la increíble demora para llevar a su vez a la cárcel a Javier Zacarías Irún y a su clan familiar.
Por un lado, los fiscales al mando de Sandra Quiñónez salieron con la suya al continuar manteniéndole preso a Quintana, con lo cual le embarraron al máximo la cancha para su postulación en los comicios próximos, con el agregado de no tener casi pruebas contundentes para acusarlo eventualmente ante un tribunal de sentencia.
Quiñónez fue así plenamente funcional a los dictados de Javier Zacarías Irún y del cartismo, para dejarlo fuera de combate a Ulises, un acérrimo crítico del clan y del maridaje HC-ZI, pero la fiscalía ha quedado ahora en evidencia que hace lo contrario con los Zacarías, pues hasta el momento no se ha animado en enviar a la cárcel tanto a Javier como a su esposa Sandra McLeod, por las graves acusaciones de la comisión de delitos sobre la base a denuncias de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos públicos y asociación criminal.
Un sinnúmero de pruebas contra ZI y su parentela obran en las carpetas fiscales, pero en forma notable el Ministerio Público de Sandra Quiñónez no ha procedido a la detención de los indiciados. La persistencia de los fiscales en la prisión preventiva de Ulises sin arrimar las pruebas de las acusaciones contra él, contrasta así con la “benevolencia” hacia el clan ZI.
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