La defensa de Miguel Prieto sostiene que el magistrado Humberto Otazú tiene supuestamente vínculos con los Zacarías, motivo por el que recusan al juez y piden que sea apartado de la causa abierta por lesión de confianza contra el edil de Ciudad del Este.
Esta mañana debió realizarse la audiencia de imposición de medidas para Miguel Prieto, por simular una compra durante la pandemia. Según la fiscalía, Prieto realizó un montaje legal para justificar la salida de G 1.700 millones de la Municipalidad de Ciudad del Este, según el relato del Ministerio público.
“El juez Humberto Otazú es compadre de la familia Zacarías Irún, precisamente de la diputada Rocío Abed y Justo Zacarías. El hermano de este último, Javier Zacarías, es enemigo declarado de nuestro defendido. Esto constituye una grave irregularidad procesal que genera la sospecha de falta de imparcialidad sobre el juez y es causa suficiente para dar lugar a la presente recusación”, señala parte del escrito de recusación contra el magistrado que conoce la causa de Miguel Prieto.
El Ministerio Público imputó al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, junto con varios funcionarios de la Municipalidad, por su presunta implicación en una compra irregular de víveres durante la pandemia de Covid-19, cometiendo así el delito de lesión de confianza y ocasionando un perjuicio patrimonial. La sospecha del Ministerio público es que los víveres no fueron entregados.
Como resultado de la investigación, tanto Miguel Prieto como Francisco Raimundo Arrua fueron imputados por lesión de confianza en calidad de autores, mientras que otros funcionarios, entre ellos Maggi Fariña, Sebastián Martínez, José Félix Cáceres, Julián Benítez, Higinio Ramón Acuña, Cirle Alcaraz, Nelson Segovia, Fermín Ávalos y Emili Vanessa Florentín, fueron imputados por lesión de confianza en calidad de cómplices.
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