El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, concedió la libertad ambulatoria a cuatro abogados de empresas que hacen cobranzas que fueron imputados en los casos conocidos como la mafia de los pagarés, específicamente, del Juzgado de Paz de San Roque. Igualmente, el juzgado dispuso la obligación de presentarse del 1 al 10 de cada mes para firmar el libro de comparecencia obligatoria ante la Secretaría, la obligación de comparecer a todas las citaciones del Juzgado y la prohibición de salida del país. Por otro lado, en el caso de la jueza de Paz de La Encarnación, Carmen Analía Cibils, la Sala Penal de la Corte confirmó al camarista Arnulfo Arias, quien había impugnado la inhibición del juez Gustavo Amarilla.
El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, concedió la libertad ambulatoria a cuatro abogados de empresas que hacen cobranzas que fueron imputados en los casos conocidos como la mafia de los pagarés, específicamente, del Juzgado de Paz de San Roque. La resolución favoreció a los abogados Ángel Aníbal Cino Isnardi, de la empresa Nexo; Félix Óscar Gill Stumpfs, de Cobranzas eficientes y oportunas SA; Eliana Marcela Rodriguez Paredes de la firma Compañía Administradora de Riesgos SA (Carsa); y Mario Gabriel Rojas Ayala, de la Cooperativa San Cristóbal.
Todos ellos se presentaron ante el juez en la causa que investiga las irregularidades en los juicios ejecutivos que fueron detectadas por la auditoría hecha por la Corte Suprema, específicamente, en el Juzgado de Paz de San Roque, a cargo de la ex jueza, Liliana González de Bristot.
Según la resolución del juez, todos ellos tienen la obligación de residir en el domicilio que denunciaron en el expediente, sin que lo puedan cambiar sin autorización judicial. También tienen prohibición de cambiar sus números telefónicos. Igualmente, el juzgado dispuso la obligación de presentarse del 1 al 10 de cada mes para firmar el libro de comparecencia obligatoria ante la Secretaría, la obligación de comparecer a todas las citaciones del Juzgado y la prohibición de salida del país. Finalmente, se impuso una caución real por la suma de G. 200 millones de guaraníes a tres de los cuatro...
Leer la nota completa en Diario UltimaHora
