La Corte Suprema de Justicia rechazó por mayoría un pedido del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de suspender a la jueza Nilda Concepción Benítez Caballero, del Juzgado Civil y Comercial del Cuarto Turno de Encarnación, y sentó una posición institucional relevante: el ejercicio de la función jurisdiccional no constituye causal de suspensión de magistrados.
El caso llegó al pleno a través del Auto Interlocutorio 123 del JEM, que solicitó la suspensión por supuesto mal desempeño de funciones tras el amparo que Benítez concedió contra la Entidad Binacional Yacyretá por el colapso del sistema cloacal de la ciudad. El Tribunal de Apelaciones ya había confirmado por mayoría el fallo de primera instancia.
El ministro Víctor Ríos planteó el argumento central que la mayoría acompañó: ningún magistrado puede ser enjuiciado ni sancionado por la opinión emitida en su interpretación del derecho. Dijo que admitir lo contrario vaciaría de sentido al Poder Judicial como órgano encargado de decir el derecho, y que la Corte no es «escribanía» de ningún otro poder del Estado.
Ríos señaló además una inconsistencia en la práctica del JEM en materia de suspensión de magistrados: cuando la Cámara revoca una sentencia, se usa como argumento para sancionar al juez de primera instancia; cuando la confirma, se sanciona igual. En cualquier escenario, el resultado es el mismo.
Sobre el fondo, Ríos destacó que la jueza no resolvió en abstracto. Comisionó a su actuario, con presencia de todas las partes, a verificar el estado de las 63 estaciones de bombeo de la red cloacal de Encarnación. La inspección reveló que prácticamente todas presentaban funcionamiento irregular o estaban fuera de servicio, con aguas servidas vertiéndose directamente a los arroyos de la ciudad.
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