Chase dijo que Rachid actuó de forma "unilateral". Cibar, Riera y Alcaraz quieren que el presidente lo eche. Hay preocupación por el liderazgo de Peña.
Fuentes del Gobierno confirmaron a LPO que el convenio con la DEA se mantendr����, lo que implicar����a una profundizaci����n de la presencia de la agencia estadounidense dentro de las instituciones del Estado. Tras el papel����n de Jalil Rachid, la DEA podr����a ingresar tambi����n a la Seprelad y a la DNIT, aunque la idea todav����a no est���� cerrada. Ahora Santiago Pe����a enfrenta dos problemas igualmente urgentes: salvar la cooperaci����n con Estados Unidos en materia antidrogas y definir el futuro del ministro de la Senad, resistido dentro del gabinete.��
Para el l����der de bancada de Honor Colorado en el Senado, Natalicio Chase, la responsabilidad recae sobre Rachid, aunque no se anim���� a sumarse al pedido de renuncia. Mientras tanto, el titular del Congreso, Basilio "Bachi" N��������ez, minimiz���� lo ocurrido e incluso festej���� que se haya conseguido m����s cooperaci����n. "No veo una crisis internacional y mucho menos una nacional. Hay un sector pol����tico y de la prensa que trata de instalar ese relato", apunt����.
Pero en el ����rea de seguridad se inclinan m����s por la postura de Chase. Cibar Ben����tez, director de Codena, Enrique Riera, titular de Interior, y Marco Alcaraz, ministro de Inteligencia creen que Pe����a tiene que echar a Rachid despu����s de haber enviado la carta a la embajada de EEUU en Asunci����n en la que ped����a el cese de la cooperaci����n con la DEA. Seg����n pudo saber este medio, al ministro de la Senad le cuestionan haber pasado por alto al presidente y desencadenado una crisis con Washington, aunque Bachi lo niegue en p����blico.��
Pe����a tuvo que poner al frente a Ben����tez, un hombre de confianza que adem����s tiene di����logo directo con los norteamericanos.��Por pedido del presidente, la DEA retirar����a la contestaci����n que hizo a la nota de Rachid, enviada el 6 de diciembre a Estados Unidos, en la que solicitaba un corte administrativo en la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU), que colabora con la Senad.
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