El fallo fue dictado en forma unánime por los ministros Antonio Fretes, Gladys Bareiro de Módica y César Diésel.
La acción fue promovida por los abogados Jorge Bogarín, Bettina Legal, Gustavo Leguizamón, Richar Rojas y Verónica Rotela, en representación de los encausados.
Atacaron la resolución del juez Humberto Otazú, del 7 de julio de 2020, por la que se dispuso la inhibición de enajenar y gravar bienes, el embargo de toda suma de dinero, título de crédito o valor, a más de cada bien mueble e inmueble de todos los imputados.
Además, el fallo del Tribunal de Apelación Penal, Cuarta Sala, del 28 de julio de 2020, que ratificó la resolución del juez Otazú.
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