El 18 de abril pasado, el contralor Camilo Benítez y el subcontralor, Augusto Paiva, se reunieron con el pleno de la Corte para coordinar un “trabajo institucional a favor de la transparencia”. Se acordó la firma de un convenio para que el órgano contralor tenga acceso a los datos de Registros Públicos y del Automotor, a fin de agilizar el estudio de correspondencia de bienes de jueces, camaristas, defensores públicos, síndicos de quiebras y fiscales. Sin embargo, el lobby de los magistrados con algunos ministros del alto tribunal, logró su objetivo, que es enfriar el control patrimonial de los operadores de justicia, muchos de los cuales hacen una grosera ostentación de su riqueza, que es injustificable con el sueldo de entre 20 y 24 millones de guaraníes al mes. Hay excepciones y eso se evidencia con la modesta vida que llevan.
“Dialogamos sobre el apoyo interinstitucional para mejorar los procesos de transparencia y las rendiciones de cuentas, muy particularmente acerca de la propuesta que tiene la Corte de que los magistrados judiciales obtengan sus exámenes de correspondencia antes de confirmarlos en sus cargos”, había manifestado Camilo Benítez en declaraciones a la prensa tras la reunión con los ministros.
La iniciativa había sido impulsada por el nuevo ministro de la Corte, Gustavo Santander, quien en su audiencia pública cuando era candidato y en declaraciones los medios de comunicación, había señalado que si llegaba al cargo iba a trabajar para abrir la máxima instancia judicial al control del órgano designado para ello por la constitución; además del estudio de correspondencia de bienes de los magistrados.
El control de los bienes, no cayó bien entre jueces, camaristas, síndicos de quiebras y fiscales, quienes empezaron a ser lobby para que este mecanismo de lucha contra la corrupción interna del Poder Judicial, no pueda prosperar. Al parecer, lograron su objetivo, porque cuando se veía que todo estaba listo para firmar el convenio este se enfrió. La Corte, cajoneó el proyecto remitido por la Contraloría, y según nuestras fuentes, los ministros quieren espera un poco más para el acordar el acceso de la CGR a los Registros Públicos y del Automotor.
¿A que temen los jueces, fiscales, síndicos de quiebras, camaristas y defensores púbicos? ¿Qué quieren ocultar? Si no tienen nada que esconder, es inadmisible que no se sometan al control del órgano habilitado por la Constitución Nacional para ello.
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