La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por Manuel Ramírez Candia, Luis María Benítez Riera y Antonio Fretes hizo lugar al recurso de casación de los fiscales Luis Said y Francisco Cabrera y anuló la resolución del Tribunal de Apelación del 17 de agosto del 2021, que había ordenado la exclusión de […]
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por Manuel Ramírez Candia, Luis María Benítez Riera y Antonio Fretes hizo lugar al recurso de casación de los fiscales Luis Said y Francisco Cabrera y anuló la resolución del Tribunal de Apelación del 17 de agosto del 2021, que había ordenado la exclusión de las evidencias de apoyo, el informe final análisis/interpretación en el caso Brillante del 2019 e informe de análisis operativo del mencionado operativo, donde está acusado quien fuera jefe de la Detave, el general Ramón Benítez.
El Tribunal de Apelación, integrado por Óscar Rodríguez, Emiliano Rolón y Cristóbal Sánchez había resuelto en agosto del 2021, excluir el DVD que contiene las transcripciones de comunicaciones de los acusados, como también los informes de análisis e interpretación del “Operativo Brillante”. El Tribunal considera que las evidencias de apoyo que el Ministerio Público presentó como caudal probatorio son ilegales.
Algunas de las evidencias fueron excluidas debido a que han permeado las reglas de su recolección, cadena de custodia y sujetos procesales que deberían intervenir en su resguardo, ya que aun cuando se mencionara en las resoluciones habilitantes de los jueces de garantías, la intervención de un agente fiscal en la “elaboración del documento análisis e interpretación” (obrante en dos biblioratos) no aparece dicho agente de la persecución penal, sino simplemente agentes identificados de la Senad, que ni siquiera está incluido entre los sujetos procesales con intervención en un proceso penal.
“La nulidad absoluta se hubiera producido ante la inexistencia de orden judicial habilitante para la grabación o desgrabación, conforme al primer párrafo del Art. 200 del CPP. También se produciría ante la constatación práctica de la vulneración al derecho a la intimidad. Cuestión esta cuya existencia no ha sido invocada en forma expresa, por las defensas a través de alguna comunicación donde se exponga su esfera persona íntima de su vida, personal, sexual, familiar o su estado de salud.
Leer la nota completa en PDS
