El fallo de la Corte que condena al diario ABC a pagar una indemnización al camarista Carmelo Castiglioni por haber publicado que el mismo dictó un fallo sospechoso pretende atemorizar a la prensa para evitar críticas a sentencias judiciales que blanquean a los “peces gordos”.
La condena a nuestro diario fue firmada por los ministros Miryam Peña, Antonio Fretes y el camarista Giuseppe Fossati López.
En su voto, la doctora Peña señaló que la Constitución garantiza la libertad de prensa y de expresión en su artículo 26, pero que como contrapeso está el artículo 28 que contempla el derecho a recibir información veraz, responsable y ecuánime. “Este condicionamiento supone una importante limitación establecida a nivel constitucional, y que fue debidamente atendida por los juzgadores en ambas instancias para configurar el presupuesto de la antijuridicidad de la conducta del medio de prensa”, enfatizó la magistrada.
En primera instancia, en el 2010, la entonces jueza Mirta Ozuna había condenado a ABC a pagar como indemnización G. 234 millones al camarista Castiglioni. Esta sentencia fue confirmada en el 2011 por la Cámara de Apelación del fuero civil, que redujo el monto de G. 234 millones.
La ministra apuntó que si bien la Convención Americana sobre Derechos Humanos no admite ninguna forma de condicionamiento previo para el ejercicio de la libertad de expresión y de información, sí prevé la sujeción del medio a responsabilidades ulteriores de conformidad con lo que establezca la ley. “En ese sentido, tanto nuestra Constitución como la Convención reconocen el derecho de toda persona que se considere afectada o agraviada por la difusión de información inexacta o ambigua, a solicitar la rectificación o aclaración correspondiente, y sin perjuicio de las demás responsabilidades...
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