La Sala Constitucional de la Corte, con la postura de los miembros de que el auto de apertura a juicio oral es apelable, estaría abriendo camino para la impunidad de “peces gordos”, que causaron millonarios perjuicios al Estado y que usaron su cargo para enriquecerse. Uno de los primeros beneficiados con esta nueva interpretación de […]
La Sala Constitucional de la Corte, con la postura de los miembros de que el auto de apertura a juicio oral es apelable, estaría abriendo camino para la impunidad de “peces gordos”, que causaron millonarios perjuicios al Estado y que usaron su cargo para enriquecerse. Uno de los primeros beneficiados con esta nueva interpretación de la ley sería el exdiputado Miguel Cuevas, cuya condena de 5 años de cárcel en juicio oral podría anularse. La lista seguiría con el exgobernador de Presidente Hayes, Oscar Núñez, sentenciado a 11 años por un perjuicio de G. 42.000 millones al Estado. Los...
La Sala Constitucional que integra la acción promovida por Cuevas está integrada por los ministros Víctor Ríos, César Diesel y Alberto Martínez Simón. Supuestamente, ya habría voto a favor de la nulidad de la resolución de la Cámara de Apelación, que declaró inadmisible la apelación contra el auto de apertura a juicio oral.
El doctor Ríos ya fue claro en una de las sesiones de la Corte y en entrevista con El Observador por Ñanduti, Radio-TV, al afirmar que la resolución de segunda instancia que no admite la apelación del auto de apertura a juicio viola la Constitución y el Pacto de San José de Costa Rica. Esta misma postura tiene el ministro Gustavo Santander, que en este caso no integra la Sala Constitucional y lo sustituye su colega Martínez Simón.
El doctor Diesel, en el caso Efraín Alegre, sostuvo que si un juez envía sin pruebas una causa, esto puede ser subsanado por el Tribunal de Sentencia, que tiene a su cargo el juicio oral. Es lo que habría ocurrido con Cuevas, ya que el mismo presentó varios incidentes que fueron rechazados por los jueces de sentencia, que prosiguieron el juicio y lo condenaron a 5 años de cárcel, por enriquecimiento ilícito y declaración falsa. La acusación fue sostenida por el fiscal Luis Piñánez y el Tribunal lo integraron los jueces Elsa García, Jesús Riera y Yolanda Morel.
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