La inconstitucionalidad fue promovida en el año 2015 por el entonces fiscal general, Javier Díaz Verón. Dice que sería intervención de un poder del Estado en otro, por la naturaleza del trabajo.
Con ello, los ministros Antonio Fretes, Gladys Bareiro de Módica y Miryam Peña Candia, declararon inconstitucional e inaplicable el artículo 2, inc. c) de la Ley Nº 5453/15, “Que reglamenta el Art. 192 de la Constitución Nacional, del pedido de informes”.
La admisión se da exclusivamente en cuanto se refiere al Ministerio Público (MP), en lo atinente a la función jurisdiccional de dicha institución.
El ex fiscal general, Díaz Verón, promovió la acción en el 2015, contra la citada ley, debido a que consideraba violatoria de varios artículos constitucionales tales como del Poder Público, de la libertad y seguridad de las personas, de la supremacía de la Constitución, a más de los artículos referentes al Ministerio Público.
Específicamente, dice que el citado artículo incluye al Ministerio Público como organismo sujeto a la obligación de contestar pedidos de informes requeridos por el Congreso Nacional, porque no lo exceptúa de la actividad jurisdiccional.
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