La denuncia formal presentada ante el Ministerio Público. En todo este tiempo, la fiscala general Sandra Quiñónez no ha dispuesto una sola diligencia que llevara
La denuncia formal presentada ante el Ministerio Público. En todo este tiempo, la fiscala general Sandra Quiñónez no ha dispuesto una sola diligencia que llevara a certificar y castigar el negociado, que dejó un agujero superior a G. 14.000 millones al IPS.
Todos los directivos y jefes comprometidos en el negociado feroz con los certificados de ahorros depositados en bancos de plaza, como resultado de embargos de bienes del IPS realizados en flagrante violación a la Carta Orgánica institucional y a leyes de la República, podrían enfrentar una expectativa de pena de hasta 10 años de prisión, que establece el Código Penal para hechos punibles contra el patrimonio, en este caso el artículo 192 “Lesión de confianza” especialmente grave.
La pena tendría el estatus de agravante si se tiene en cuenta la Ley Nº 5655/2016 sobre inembargabilidad de los bienes; decreto ley Nº 1860/50 y el Artículo 106º “De la responsabilidad del funcionario público”.
La denuncia correspondiente fue presentada por el Dr. Econ. Sergio Lovera Cañete, Unión de Jubilados del IPS, Jorgelina Amarilla (líder sindical histórico), y el Gremio de Jubilados del IPS, entre otros, y solicita específicamente al Ministerio Público disponga la realización de los actos de investigación necesarios para el esclarecimiento de los hechos denunciados, formule imputación contra las personas que resultaren responsables, y una vez agotada la etapa de investigación formular acusación, solicitando la apertura de juicio oral y público para que se haga justicia.
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