Con asombro leí las declaraciones de la ministra de la Corte Suprema de Justicia Alicia Pucheta sobre la posibilidad de reemplazar en el cargo de vicepresidente de la República al renunciante titular, Juan Afara. A pesar de que la ministra trató de mantener ante la prensa una cautela y cuidado evidentemente fingidos, fue inocultable para las cámaras su alegría por haber recibido la oferta del presidente Horacio Cartes.
No se trata de ninguna especulación de la prensa pues la propia ministra se encargó de confirmar el contacto que mantuvo al respecto con el Presidente de la República y este a su vez tuiteó el mismo día lo siguiente: “Que unos pocos no nos arrebaten la posibilidad de tener a la ministra Alicia Pucheta como vicepresidente y luego como Presidente de la República. Su gran labor y preparación son muestra clara de que está a la altura para tomar este gran desafío”.
Ese mismo día el Congreso “decidió” no tener quorum para tratar la renuncia del vicepresidente. ¿Fue casual o deliberado? ¿Estuvo informado el Congreso de las tratativas entre el Presidente y la ministra? Oficialmente por lo menos no, aunque es seguro que varios miembros del Poder Legislativo habrán estado al tanto extraoficialmente del ofrecimiento a Pucheta.
Me sorprende que una persona que integra la Corte Suprema de Justicia no entienda el alcance del artículo 234 de la Constitución cuando dice que “Si se produjera la vacancia definitiva de la vicepresidencia... durante los dos últimos años. EL CONGRESO, por mayoría absoluta de sus miembros, designará a quien deba desempeñar el cargo por el resto del período”.
Hasta donde sabemos, la ministra Pucheta no recibió oferta alguna de esta institución para reemplazar al vicepresidente Afara y desde luego no la recibiría pues se supone que los 125 miembros del Congreso conocen sus atribuciones, porque cuando la Carta Magna dice que EL CONGRESO designará a quien debe desempeñar el cargo, no está diciendo EL PODER EJECUTIVO y mucho menos Horacio Cartes.
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