Una Cámara de Apelación Penal resolvió no dar trámite a un recuro planteado contra el fallo que confirmó al juez Humberto Otazú para llevar adelante la audiencia preliminar del exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto y de otros acusados. La causa guarda relación con supuestas irregularidades en la compra de alimentos durante la pandemia, […]
Una Cámara de Apelación Penal resolvió no dar trámite a un recuro planteado contra el fallo que confirmó al juez Humberto Otazú para llevar adelante la audiencia preliminar del exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto y de otros acusados. La causa guarda relación con supuestas irregularidades en la compra de alimentos durante la pandemia, que habría generado un perjuicio de Gs. 306.188.500.
La medida fue adoptada tras analizar la irrecurribilidad de las resoluciones sobre recusaciones contra jueces de primera instancia, conforme a lo establecido en el art. 39, inciso 3 del Código Procesal Penal (CPP).
La Dra. Claudia Criscioni sostuvo que el recurso carece de sustento legal, dado que la norma procesal establece expresamente que la Corte Suprema de Justicia es la única competente para conocer recusaciones formuladas contra los miembros del Tribunal de Apelación. Por tanto, no se prevé ningún recurso contra las decisiones de dicho Tribunal cuando éstas versan sobre recusaciones de jueces de primera instancia.
Fundamentó además su posición en el A.I. Nº 387 del 10 de julio del 2025, dictado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que ratificó la misma interpretación.
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