La Sala Penal de la Corte rechazó la recusación contra todos los agentes de la Unidad de Delitos Económicos que investigan el caso de megalavado de 1.200 millones de dólares en Ciudad del Este. El objetivo de los indagados era trabar el proceso, pero ahora la fiscalía tiene libre el camino para seguir averiguando.
Las ministras de la Corte Alicia Pucheta, Gladys Bareiro de Módica y Miryam Peña firmaron sendas resoluciones por las cuales rechazaron la recusación presentada primeramente contra los fiscales Claudia Morrys, Hernán Galeano y José dos Santos. Tampoco hicieron lugar al pedido de apartamiento de los demás agentes de la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público que presentó la defensa de la contadora Antoliana Gómez Marín.
El expediente tiene 70 tomos y los principales investigados en el caso son el empresario de origen libanés Walid Amine, su socio Ricardo Galeano y la contadora Antoliana Gómez Marín.
La carpeta fiscal de megalavado de los US$ 1.200 millones se formó ante una denuncia hecha por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), que motivó una serie de allanamientos en comercios y viviendas de Ciudad del Este que son propiedad de los investigados.
Luego de aquellas inspecciones la contadora Antoliana Gómez promovió recusación contra los agentes fiscales que investigan el caso, que primeramente fue rechazada por el fiscal general del Estado, Javier Díaz V.
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