Legisladores afirman que la Corte Suprema de Justicia tiene la obligación y el desafío de desarrollar una doctrina constitucional en materia de interpretación de una ley fundamental para el funcionamiento de la República
Los diputados Kattya González (PEN) y Édgar Acosta (PLRA), presentaron un amparo constitucional contra la binacional de Itaipú el pasado lunes 17 de enero. Esto, luego de que autoridades de la represa se negaran a transparentar detalles sobre la contratación de asesores legales externos por US$ 400 mil.
El pedido fue realizado en enero del 2021, la respuesta llegó un año después. Sin embargo, no fue la esperada por los legisladores, ya que desde la binacional afirman que es inconstitucional incluir al ente en la ley 5282 de “Acceso a la información pública”.
Ayer lunes, los mismos diputados; bajo patrocinio de los abogados Emilio Camacho y José Luis Torales; contestaron la excepción de inconstitucionalidad que opuso la Itaipú binacional para no entregar documentos públicos.
Autoridades de la binacional alegaron que la entidad no es sujeto de acceso obligado a responder pedidos de informe y rendir cuentas generadas desde la ciudadanía. Afirman que los únicos órganos de control constitucional son la Contraloría General de la República, el Poder Legislativo entre otros.
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