Los concejales opositores Rossana Rolón y Orlando Fiorotto, ambos del Partido Colorado, fueron hoy hasta la Fiscalía para interiorizarse sobre las labores investigativas con relación al presunto esquema de recaudación paralela montado durante la administración de Mario Ferreiro. Insisten que las irregularidades son muchas más y urgieron a la Corte Suprema de Justicia para que se expida -"como regalo de fin de año"- sobre la acción de inconstitucionalidad presentada contra la concesión del sistema de cobro del impuesto inmobiliario al consorcio TX.
“Para nosotros es muy importante nuestra presencia acá, porque tenemos también que saber informarnos como concejales que la denuncia que había hecho el señor (Camilo) Soares lo había hecho primeramente en el pleno de la Junta y fue rechazado, y por eso para nosotros es importante venir a averiguar, porque ahora está instalada la Contraloría, esto está continuando, nosotros nos quedamos en la Comisión Permanente y vamos a seguir trabajando”, indicó la concejala Rossana Rolón durante la visita a la Fiscalía, sobre la investigación que es llevada adelante por la agente Stella Maris Cano.
A criterio de Rolón, el camino que lleva la investigación de mano de la fiscala Cano es el correcto en apuntar al allegado del exintendente Mario Ferreiro, pero al ser consultada sobre la eventual participación de concejales en los esquemas irregulares investigados no quiso ser tan tajante, alegando no tener pruebas.
“Yo creo que sí (podría haber concejales involucrados), porque sí, ellos tenían también sus brazos. A lo mejor engañados; puede ser que no sabían que ahí había de por medio dinero o votaban ciertas cuestiones... No quiero juzgar porque no tengo pruebas, pero la investigación tiene que ser para todos”, indicó la concejala Rolón.
Por su parte, Fiorotto indicó que a lo largo de la gestión de Ferreiro denunciaron este y otros presuntos esquemas irregulares, pero el que más les urge que se resuelva es la anulación del contrato con el consorcio TX, sobre la concesión de un sistema de cobro del impuesto inmobiliario, que es estudiado en la Corte Suprema de Justicia mediante una acción de inconstitucionalidad.
Leer la nota completa en Diario ABC
