Siete funcionarios administrativos –no de blanco– presentaron una acción de inconstitucionalidad contra la Ley N° 6313/19 que autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, la modificación de la programación de los montos de los ingresos, gastos, la transferencia de créditos y el traslado del personal de la Cámara de Diputados al Ministerio de Salud Pública dentro del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2019. La Cámara de Diputados contaba con un Departamento Médico hasta el año pasado, con 23 funcionarios de blanco permanentes y seis contratados, pero por ley fue desmantelado y todos fueron trasladados al Ministerio de Salud, que fue asignado como encargado de pagar sus salarios.
El director de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados, Julio César Cabrera, confirmó que no fueron notificados.
La Corte resolvió en diciembre pasado dejar sin efecto, como medida cautelar, la ley que establecía el traslado al Ministerio de Salud de funcionarios de la conocida como clínica vip de la Cámara de Diputados.
Esto, hasta que se resuelva la acción de inconstitucionalidad presentada por siete funcionarios de la clínica desmantelada el año pasado.
Cabrera recordó que cuando fue sancionada la ley, el traslado se había demorado bastante por las gestiones de los ministerios de Hacienda y Salud, por lo que supone que podría repetirse la situación.
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