La exparlamentaria liberal había sido destituida por uso indebido de influencias en abril del 2020.
Raúl Caballero, abogado de Bajac, recordó que su cliente fue destituida “en un proceso que duró 24 horas desde el pedido en concreto, la notificación, la convocatoria, la sesión y la destitución”. Tras ser echada del Congreso, recurrió a la Sala Constitucional de la Corte, donde su pedido fue rechazado.
En ese sentido, como se agotaron las instancias internas, decidieron ir a jurisdicción internacional promoviendo una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual admitió su pedido.
“Nosotros alegamos un montón de violaciones de los derechos humanos que dieron trámite a esa pérdida de investidura”, dijo Caballero en conversación con La Unión Hace La Fuerza por Unión TV y radio La Unión.
En ese orden, consultado sobre el viaje a Perú que había hecho su defendida en aquel entonces, señaló que en ese momento todavía no regía el decreto presidencial que prohibía la salida del país por vía aérea y terrestre. Además, mencionó que guardó cuarentena tras volver de aquel país. “A ella no se le dio la posibilidad de derecho a la defensa y argumentar cómo se dieron los hechos”, subrayó el abogado.
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