Nahem Reyes Doctor en Historia de la Universidad Católica Andrés Bello @Nahem_360 Después de Venezuela, Perú es el país de Latinoamérica bajo una prolongada crisis no sólo política, sino institucional. La prolongada crisis peruana tiene su génesis el año 2000 luego que Luís Alberto Fujimori aparatosamente renunciara a la presidencia tras un escándalo de corrupción
Después de Venezuela, Perú es el país de Latinoamérica bajo una prolongada crisis no sólo política, sino institucional. La prolongada crisis peruana tiene su génesis el año 2000 luego que Luís Alberto Fujimori aparatosamente renunciara a la presidencia tras un escándalo de corrupción y todo un esquema de sobornos que lo arrastró primero al exilio en Japón y más tarde a la cárcel, hasta ser liberado en marzo de este año tras un Habeas Corpus declarado “fundado” por el Tribunal Constitucional.
Fujimori, provisionalmente fue sucedido por Valentín Paniagua, quien entregó el poder el 2001 al entonces presidente electo democráticamente Alejandro (El Cholo) Toledo. Sin embargo, lejos de resolverse la inestabilidad, fue a partir de allí que se agudiza ese mal crónico de la realidad peruana: una perenne disputa entre Poderes Públicos del Estado, que se expresa en mociones de vacancia de la presidencia por parte del Congreso Nacional o cierres de éste por parte del Ejecutivo.
Esta crisis de gobernabilidad le correspondió además de Toledo, a Alán García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), Martín Vizcarra, ni hablar de Manuel Merino que no duró ni una semana en funciones, el más librado tal vez fue Francisco Sagasti y actualmente Pedro Castillo. En crudo, en las últimas dos décadas de estos 7 mandatarios, cinco enfrentan procesos judiciales por corrupción, hasta el extremo que Alan García se suicidó para evitar ir a la cárcel.
De vuelta al caso puntual de Castillo, un maestro de escuela rural y líder sindical ahora mismo tiene 50 carpetas y 7 investigaciones abiertas en la Fiscalía General de la República, todas ellas vinculadas a corrupción e incluso se presume que el mandatario es el líder de una suerte de estructura o red criminal.
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