Un Tribunal de Apelaciones concedió una prórroga extraordinaria de cuatro meses al Ministerio Público para la presentación del requerimiento conclusivo en la causa conocida como «Nexus I», en la que está imputado Diego Giménez Arámbulo, inestigado por su presunta participación en actividades vinculadas al tráfico de drogas. Con esta decisión, la fiscal antidrogas Ingrid Cubilla […]
Un Tribunal de Apelaciones concedió una prórroga extraordinaria de cuatro meses al Ministerio Público para la presentación del requerimiento conclusivo en la causa conocida como «Nexus I», en la que está imputado Diego Giménez Arámbulo, inestigado por su presunta participación en actividades vinculadas al tráfico de drogas. Con esta decisión, la fiscal antidrogas Ingrid Cubilla tendrá plazo hasta el 15 de octubre para definir la posición conclusiva del Ministerio Público en el proceso.
Según la hipótesis fiscal, Giménez Arámbulo habría participado en una estructura dedicada al tráfico de drogas que tendría origen en Bolivia y que posteriormente introducía y distribuía las sustancias en Asunción y zonas aledañas. La investigación sostiene además que el imputado habría desempeñado funciones de coordinación y organización dentro del esquema presuntamente ilícito. La representante del Ministerio Público solicitó la ampliación del plazo argumentando que aún se encuentran pendientes diligencias consideradas relevantes para el esclarecimiento de los hechos investigados.
Entre ellas figura la extracción y análisis de datos contenidos en teléfonos celulares y equipos DVR incautados durante procedimientos realizados en el marco de la causa. La fiscal explicó que dichas tareas, pese a haber sido autorizadas judicialmente, no pudieron ejecutarse inicialmente debido a la falta de software especializado para el procesamiento de la información. Actualmente, según informó, la extracción de datos ya se encuentra en curso, aunque posteriormente deberá realizarse el análisis técnico correspondiente de los contenidos obtenidos.
La solicitud de prórroga también se fundamentó en la necesidad de incorporar informes requeridos a empresas de telefonía móvil sobre la titularidad de líneas telefónicas y códigos ICCID asociados al imputado. Asimismo, continúan pendientes respuestas de la Dirección de Material Bélico (DIMABEL), respecto a fotografías de armas detectadas durante extracciones de datos efectuadas previamente sobre dispositivos electrónicos vinculados a la investigación.
Leer la nota completa en PDS
