Una investigación periodística constató que una prima del ministro de Vivienda y Urbanismo, Juan Carlos Baruja, atendía una despensa en Paraguarí y a la vez cobraba 4.500.000 guaraníes mensuales como funcionaria de la Cámara de Diputados, el cómodo albergue de familiares cercanos de varios de sus miembros. Quizás su aporte al buen desempeño institucional era absolutamente innecesario, tanto como el de los 484 funcionarios del Poder Legislativo comisionados en 171 entidades públicas. El problema esencial de nuestra superpoblada administración pública radica en el incumplimiento liso y llano de las normativas: podrán ser mejoradas, sin duda, pero mientras persista el desapego impune a la legalidad, en vez de un concurso público de oposición, el patrocinio de un mandamás es condición necesaria y suficiente para ocupar un cargo público.
Caos en materia de personal público facilita el feroz clientelismo
Una investigación periodística constató que una prima del ministro de Vivienda y Urbanismo, Juan Carlos Baruja, atendía una despensa en Paraguarí y a la vez cobraba 4.500.000 guaraníes mensuales como funcionaria de la Cámara de Diputados, el cómodo albergue de familiares cercanos de varios de sus miembros. Su permanente ausencia en el lugar de “trabajo” no fue advertida por la Dirección de Recursos Humanos, quizás porque su aporte al buen desempeño institucional era absolutamente innecesario, tanto como el de los 484 funcionarios del Poder Legislativo que están comisionados en 171 entidades...
Es notorio que desde que fue creada hace veinticuatro años, la Secretaría de la Función Pública (SFP), hoy absorbida por el Ministerio de Economía y Finanzas, no ejerce su facultad de asesorar a la Administración Central, los entes descentralizados y los Gobiernos departamentales y municipales, acerca de la política de recursos humanos a ser ejecutada. Si lo hace, es ignorada por completo, salvo que aconseje nombrar o contratar sin atender los requerimientos de la eficiencia institucional y de la austeridad presupuestaria. En particular, los comisionamientos no se efectúan, en la gran...
Cuando el comisionamiento se realiza a otro municipio, el agraciado tiene la ventaja adicional de poder “planillear” con mayor facilidad aún, sin que de hecho exista alguno de estos motivos legales exigidos para la mudanza: urgencia por cubrir vacancias, condiciones profesionales que requieran que el funcionario trabaje en cierto municipio o departamento, falta de personal calificado en el lugar de destino o “exigencias de la naturaleza del cargo”. Como muchas veces los comisionamientos se realizan desde una estructura gubernamental con presupuestos de distinto origen, ocurre, por ejemplo,...
Leer la nota completa en Diario ABC