Los salarios públicos históricamente han sido los de mayor peso dentro del PGN, más aún si el análisis se centra en lo que vienen absorbiendo desde hace años de los ingresos tributarios: entre 70% y más del 80%. El reciente pedido de ajuste salarial y reposición de otros beneficios por parte de distintos gremios que aglutinan a funcionarios de la administración central y descentralizada pone de nuevo en el centro del debate interrogantes como: ¿Es justo? ¿Factible? ¿El Estado aguantaría otro aumento salarial? ¿Qué impacto tendría en las finanzas públicas? ¿Y el respeto a las normas vigentes que buscan la contención?
El Estado cuenta con tres fuentes de financiamientos: Fuente 10 o Recursos del Tesoro, Fuente 20 o Crédito y Fuente 30 o Recursos Institucionales. Los conocidos como gastos rígidos (deben honrarse indefectiblemente como las remuneraciones al personal, el pago de la deuda y las jubilaciones) son abonados con ingresos genuinos del Estado. Y en este sentido, solo la relación salarios e ingresos tributarios revela que de cada 100 guaraníes que ingresaron a las arcas del Estado durante el año pasado, 69 guaraníes fueron destinados al pago de salarios de los funcionarios públicos.
De acuerdo a datos oficiales, los ingresos provenientes de impuestos representaron aproximadamente 13% del Producto Interno Bruto (PIB), frente a 8,4% de lo demandado en concepto de salarios. Con estos niveles de gastos rígidos, es decir, en materia de salarios, se comprende la muy escasa capacidad que tiene el Gobierno para poder encarar las obras públicas así como otro tipo de inversiones sociales que son tan necesarias para nuestro país.
La situación llegó incluso a 82 y 85 guaraníes en los años 2012 y 2013, respectivamente, cuando en el Congreso Nacional se aprobó un importante aumento salarial del 30% y que hasta ahora le sigue costando a las finanzas públicas, un desequilibrio fiscal del 1,5% del PIB, es decir, los ingresos no son suficientes para cubrir los gastos.
También no se puede obviar aquí de que existen otros factores que igualmente inciden en el déficit fiscal como ser la mala calidad del gasto, ya analizada en ediciones anteriores.
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