El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado declaró inadmisible el recurso de apelación general en contra de la resolución que rechazó la recusación presentada por Enrique Javier Lovera Lezcano, quien está acusado en la causa que investiga un perjuicio patrimonial de más de G. 1.100 millones a la Municipalidad de […]
El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado declaró inadmisible el recurso de apelación general en contra de la resolución que rechazó la recusación presentada por Enrique Javier Lovera Lezcano, quien está acusado en la causa que investiga un perjuicio patrimonial de más de G. 1.100 millones a la Municipalidad de Quyquyhó.
Lovera, exjefe de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la comuna, había recurrido contra el Auto Interlocutorio N.º 72 de fecha 30 de mayo de 2025, mediante el cual la Cámara rechazó su recusación contra el juez Humberto Otazú, magistrado que entiende en la causa. Sin embargo, los camaristas Andrea Vera Aldana, Arnulfo Arias y Bibiana Benítez Faría coincidieron en que la decisión impugnada no es recurrible conforme al Código Procesal Penal, por lo que no corresponde dar trámite al recurso presentado.
En su opinión, la jueza Andrea Vera Aldana argumentó que si bien previamente tenía una postura distinta respecto a estos recursos, la Sala Penal ya había sentado posición en el A.I. N.º 236/2024, estableciendo que el trámite de recusaciones contra jueces de apelación corresponde únicamente a la Corte. Por tanto, el Tribunal se basó en jurisprudencia consolidada para denegar la apelación, además de advertir al litigante sobre el uso indebido de recursos procesales que entorpecen el proceso.
El camarista Arnulfo Arias, por su parte, destacó que la normativa legal sólo permite recurrir ante la Corte Suprema mediante recursos de casación o revisión y únicamente contra sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al procedimiento. En ese marco, la apelación general interpuesta carece de fundamento legal y fue rechazada por improcedente.
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