El Tribunal de Apelación del Trabajo Segunda Sala de Capital confirmó de manera parcial el fallo que rechaza el amparo constitucional de una funcionaria contratada con seis meses de embarazada a efectos de acceder al seguro correspondiente al personal nombrado. En el fallo del Juzgado Laboral de Primera instancia detalla que el amparo promovido Liz […]
El Tribunal de Apelación del Trabajo Segunda Sala de Capital confirmó de manera parcial el fallo que rechaza el amparo constitucional de una funcionaria contratada con seis meses de embarazada a efectos de acceder al seguro correspondiente al personal nombrado.
En el fallo del Juzgado Laboral de Primera instancia detalla que el amparo promovido Liz Gómez Medina, funcionaria contratada y en estado de gravidez, “es una medida extraordinaria, de carácter urgente, y no debe existir otra vía para reclamar la reparación del derecho lesionado, así, en el caso de autos como ya se ha dicho más arriba- la amparista pretende que se le conceda un beneficio seguro médico privado- que es otorgado a los funcionarios «nombrados» de la Corte Suprema de Justicia, cuestión que debe ser tratada por las vías ordinarias amplias y especiales establecidas.
De las constancias de autos y de los propios dichos de la amparista se desprende que la misma tiene acceso a la asistencia médica pública, en efecto, la señora Gómez Medina alegó que accede a los Centros de Servicios Públicos para las consultas respectivas, por lo que, al no estar privada de la atención médica que necesita, es decir, al no estar desatendida, no existe acto ilegítimo por parte de la autoridad.”, señala parte de la resolución que además impone las costas a la afectada,
Gómez recurrió esta resolución, citando como agravio el párrafo que habla del uso exclusivo del seguro privado para funcionarios nombrados, en detrimento de los contratados
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