El senador colorado cartista Silvio “Beto” Ovelar dijo que interpretaciones ”políticas y sociales” llevaron al cartismo a aprobar ayer en el Senado una versión del proyecto de reforma de la caja fiscal flexibilizada acorde a reclamos de los gremios de funcionarios públicos que se manifestaron en masa en estos días. Al preguntársele si el cartismo temía que se estuviera “armando otro Marzo Paraguayo”, afirmó que recibió de “amigos que vinieron infiltrados” información de que eso podía ocurrir.
La una versión modificada del proyecto de reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público (caja fiscal) que presentaba parámetros más flexibles con relación a las modificaciones que planteaba el Poder Ejecutivo en su proyecto original.
La versión aprobada en el Senado introduce al sistema jubilatorio del funcionariado público modificaciones que el Gobierno pidió con el fin expreso de frenar el creciente déficit de la caja fiscal, incluyendo el establecimiento de edades mínimas de jubilación o el incremento del aporte de los afiliados a las cuatro cajas más deficitarias: las del Magisterio Nacional (docentes), fuerzas de seguridad (policías y militares), docentes universitarios y magistrados judiciales.
Sin embargo, ante la fuerte presión de los gremios afectados, principalmente el de los docentes, que se movilizó en masa en Asunción durante los últimos dos días, el Gobierno y el Senado – donde el oficialismo cartista sigue teniendo mayoría - hicieron varias concesiones y aprobaron una reforma menos radical que la que anunciaron inicialmente, lo que ha llevado a expertos a afirmar que lo aprobado ayer en Cámara Alta es solo un “parche” que no solucionará el problema de sostenibilidad a largo plazo de la caja fiscal.
Silvio Ovelar, senador por el Partido Colorado. En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el senador cartista Silvio Ovelar (ANR, Partido Colorado), uno de los principales articuladores de la aprobación del proyecto de reforma en su “versión Senado” más favorable a los reclamos de los gremios, admitió que se tuvo en cuenta una perspectiva política y no estrictamente económica al momento de tomar la decisión de aprobar la versión de Cámara Alta en vez de la versión remitida por la Cámara de Diputados, más resistida por los gremios.
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