En el caso de la Caja Jubilatoria del Personal de la Itaipú Binacional (Cajubi), la parte querellante denunció que los abogados de los condenados pretenden que la Sala Penal la integren los cuestionados ministros César Garay y Miguel Ángel Bajac.
Desde la representación de la querella adhesiva, advirtieron de una operación que busca otra impunidad en el caso de la Cajubi, pues los abogados de los condenados Víctor Bogado Núñez y Pabla Mieres de Scavenius, están organizando una red casi delictual con el objetivo de que los ministros Luis Benítez Riera y Alicia Pucheta.
En ese sentido, tras conocer su sentencia Bogado Núñez, que tiene como abogado defensor a Osvaldo Granada Salaverry, contrató a Luis Berthon Planas, con el fin de apartar a los ministros de la Sala Penal, pero sin revocar poder a su defensor original. Ante esta situación, Benítez Riera se inhibió de atender el caso Cajubi.
Misma acción llevó a cabo Mieres de Scavenius, que realizó la contratación del abogado Nicolás Gaona Irún, también con ese mismo objetivo que Víctor Bogado.
Rierra, antes de cancelar la personería se había inhibido en el caso, pero la ministra Alicia Pucheta, hasta ahora estudiara la situación de los citados abogados de acuerdo al artículo 112 del Código Procesal Penal, quedando como ministro originario solo Sindulfo Blanco.
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