En teoría Itaipú fue concebido por las Altas Partes Contratantes en el Tratado de 1973, en igualdad de derechos y obligaciones, para aprovechar conjuntamente el potencial hidroeléctrico del condómino río Paraná. No obstante, nació nonato al consumarse la política brasileña de apropiación indebida del proyecto binacional.
La división “en partes iguales entre los dos países”, instituido en el Art. XIII del Tratado de Itaipú (objeto y fin del acuerdo), viró bruscamente al ser reconocido en el mismo artículo el derecho de adquisición “… de la energía que no sea utilizada por el otro país para su propio consumo”. Con esta artimaña diplomática, Brasil consiguió lo que siempre le fue esquivo por la fuerza: adueñarse de Itaipú.
Para que ocurra todo ello fue inevitable que los ecuánimes términos el Acta Final de Foz de Yguazú de 1966, que instalaba el precio justo por el excedente (exceptuando el “condominio” que hacía propietario al vecino país del Salto del Guairá, más la engañosa versión escrita en el considerando del Tratado sobre la “división en partes iguales … de la energía eléctrica eventualmente producida”), sean arrojadas en las alcantarillas.
En 1973, la energía instalada en Paraguay era apenas 230.000 kW o sea 230 MW. Ello significaba, que de los 12.600 MW de potencia a ser instalada en Itaipú, con 18 turbinas, podía aprovechar Paraguay solo una tercera parte de una máquina.
Siguiendo con el abuso, la energía cedida a Brasil sería incluida en su Costo del Servicio de Electricidad. Rebasando el desatino, por imposición del nefasto Tratado, Paraguay se compensaría a sí mismo.
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