La Fiscalía brasileña solicitó este viernes al Tribunal Supremo la apertura de una investigación contra el presidente Jair Bolsonaro para esclarecer si cometió un delito de prevaricato en la compra de vacunas contra el SARS-CoV-2, luego de que se conocieran acusaciones por no haber denunciado una tentativa de corrupción en la compra de la vacuna […]
La Fiscalía brasileña solicitó este viernes al Tribunal Supremo la apertura de una investigación contra el presidente Jair Bolsonaro para esclarecer si cometió un delito de prevaricato en la compra de vacunas contra el SARS-CoV-2, luego de que se conocieran acusaciones por no haber denunciado una tentativa de corrupción en la compra de la vacuna india anticovid Covaxin.
“En una notificación registrada este viernes por la mañana, la Fiscalía General de la República informó al Supremo Tribunal Federal de la instauración de una investigación sobre los hechos denunciados” por tres senadores, indicó la Fiscalía en un comunicado. Tras la solicitud de los parlamentarios, la magistrada Rosa Weber solicitó un posicionamiento de la Fiscalía, que hoy se mostró favorable a la apertura de una investigación contra el jefe de Estado.
El objetivo de la investigación es esclarecer si se cometieron irregularidades en el contrato de intención de compra firmado entre el Gobierno y la empresa india Bharat Biotech para la adquisición de 20 millones de dosis de la vacuna Covaxin. Algunas de esas supuestas irregularidades fueron reveladas la semana pasada por el diputado Luis Miranda a una comisión del Senado que investiga la errática gestión del Gobierno ante una pandemia que ya ha matado a casi 520.000 brasileños.
Para dar los primeros pasos de la investigación, el vicefiscal general, Humberto Jacques de Medeiros, solicitó a Weber informaciones sobre el caso “y el eventual envío de pruebas” recogidas por otros organismos judiciales y legislativos. Las sospechas comenzaron cuando Ricardo Miranda, jefe de importaciones médicas del Ministerio de Salud, recibió una factura de parte de la firma india. Luego se supo que se había acordado que parte del pago sería depositado en una empresa con domicilio en Singapur que no figuraba en el contrato.
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