Bona fide (II)

Bona fide (II)

 

En la anterior columna del pasado 1º de abril se había hecho el primer abordaje con este título de arriba: El Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) había sido constituido con buena fe, por Ley Nº 4758/12, para asignar en forma racional y eficiente los ingresos que Paraguay recibe en concepto de compensación por cesión, al Brasil, de la energía de la Itaipú Binacional, que responde a la parte no utilizada por nuestro país. Hay problemas prácticos en su ejecución, a pesar de que esa ley contiene las prioridades de nuestra política de desarrollo de largo plazo, como...

INCONVENIENTES. Los problemas hacen referencia a la rendición de cuentas, que es condición sine qua non para operar con la Ley Nº 4758/12 del Fonacide. Hubo denuncias en varios medios de comunicación a lo largo del año 2020 sobre que una parte de los destinatarios, municipios y gobernaciones, no hicieron rendición de cuentas y que otra parte de ellos “se aplazó” en ella. Recordemos que las otras leyes vinculadas con el Fonacide son la Nº 4841/2012 y la N° 4891/2013, que modifican la Ley N° 3984/2010 de Royalties y Compensaciones, así como la Nº 5210/2014, que establece la Alimentación...

FINANCIACIÓN. En el artículo 2° de la Ley de Fonacide se establece que el fondo “… estará financiado por la totalidad de los recursos referidos en la Nota Reversal Nº 4 de fecha 1 de setiembre de 2009, aprobada por Ley Nº 3923/09 “Que aprueba el acuerdo por notas reversales entre la República del Paraguay y la República Federativa del Brasil, relativo al valor establecido en el numeral III.8 del Anexo C del tratado de Itaipú”.

DISTRIBUCIÓN. En su artículo 3° se legisla que “los recursos del Fonacide serán distribuidos de la siguiente manera: a) 28% (veintiocho por ciento) al Tesoro Nacional para programas y proyectos de infraestructura; b) 30% (treinta por ciento) al Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación; c) 25% (veinticinco por ciento) a los gobiernos departamentales y municipales; d) 7% (siete por ciento) para la capitalización de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD); y e) 10% (diez por ciento) para el Fondo Nacional para la Salud.”

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