El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce, anunciaron este lunes la formación de una alianza para investigar los hechos de violencia que se presentaron en el país desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2019. El entonces presidente Evo Morales fue acusado de fraude electoral por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la oposición política del país, se produjeron protestas civiles durante tres semanas hasta que el 10 de noviembre el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Williams Kaliman, le sugirió al jefe de Estado que renunciara a su mandato presidencial.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce, anunciaron este lunes la formación de una alianza para investigar los hechos de violencia que se presentaron en el país desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2019.
El fiscal general aseguró haber encontrado un canal de sintonía y armonía para el trabajo conjunto, y afirmó que brindará toda la información para el cumplimiento del objetivo del GIEI, en el marco de una agenda amplia de trabajo.
«Como Ministerio Público hemos hecho conocer la amplia y plena predisposición de coadyuvar. Ya hemos llevado adelante una reunión inicial, de las muchas que vamos a tener. En primera instancia el grupo de expertos solicitó información sobre el trabajo de investigación en general, sobre las pericias llevadas adelante por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), y además solicitó información sobre el desarrollo de las investigaciones en el caso Senkata y Sacaba», dijo Lanchipa.
En 2019, se desató un crisis social y política a propósito de las elecciones generales del 20 de octubre en Bolivia. El entonces presidente Evo Morales fue acusado de fraude electoral por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la oposición política del país, se produjeron protestas civiles durante tres semanas hasta que el 10 de noviembre el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Williams Kaliman, le sugirió al jefe de Estado que renunciara a su mandato presidencial.
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