El Gobierno acaba de extender una vez más el subsidio a los empresarios transportistas, sin realizar una evaluación transparente de la gestión de la política de manera integral y, especialmente, de la concesión de los subsidios. Y lo que es más grave, incluyó en el Consejo Asesor de Tarifas creado en marzo al sector interesado, en un claro caso de conflicto de interés. Varias instituciones públicas tienen competencia y recursos para evaluar políticas. Es urgente que como toda política que lleva años sea evaluada, y si no cumple con los objetivos sea modificada, de manera que beneficie a la mayoría. Hasta ahora, el país se desprende de recursos tributarios y la ciudadanía sufre las consecuencias de un pésimo servicio. Pareciera que los únicos que ganan son los transportistas.
Si existe algo en claro es que la política gubernamental ha fracasado en su objetivo de brindar un servicio de transporte público eficiente, eficaz y de calidad. El reciente decreto firmado por el presidente Mario Abdo Benítez, que autoriza al pago de subsidios al sector por dos meses más, en el medio de un ataque del sector transportista a la ciudadanía con sus reguladas, constituye una doble afrenta. ¿Cómo es posible que se siga premiando con subsidios a quienes chantajean al Gobierno con medidas que conducen a la enfermedad y la muerte en medio de una pandemia?
Desde hace más de una década, las encuestas y estudios señalan que dos de las mayores preocupaciones de la población de Asunción y alrededores son la movilidad y el transporte público.
Las redes sociales en internet dan cuenta permanentemente de las denuncias ciudadanas sobre el pésimo servicio prestado a pesar del histórico apoyo estatal dado al sector.
Las quejas de usuarios son constantes con respecto al cumplimiento de horarios y reglas como la cantidad de usuarios en los vehículos y el estado de los mismos.
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