La semana pasada fue noticia la integración de miembros de la Corte Suprema de Justicia para estudiar la acción de inconstitucionalidad planteada por la exsenadora Kattya González contra la resolución de pérdida de investidura dictada tras un arbitrario juicio político en su contra.
Bachi preanuncia un salvaje atropello a la Constitución, las leyes y la voluntad popular
Esta conformación de la máxima instancia judicial se produjo luego de 15 meses de inhibiciones de magistrados que dilataron el estudio de uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la Justicia paraguaya, la cual debe decidir si declara inconstitucional o no la destitución de la mencionada exlegisladora del Senado, por voto de 23 senadores pese a haber sido electa por más de cien mil ciudadanos.
Sin embargo, lo indignante del caso no es el hecho del proceso de pérdida de investidura, ya que esta es una herramienta constitucional prevista en el artículo 201 de la Carta Magna, para aquellos casos en los cuales los diputados o senadores que cometan uso indebido de influencias y estas sean fehacientemente comprobadas, sino que las acusaciones formuladas en contra de la exsenadora González fueron desestimadas posteriormente por la Justicia paraguaya, con lo cual, quedó en evidencia que la misma no cometió uso indebido de influencias y mucho menos que estas hayan sido fehacientemente...
Pero sin perder la costumbre de “seguir sorprendiendo”, el presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista), declaró públicamente que conversará con sus colegas para que no den cumplimiento a una eventual declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia, amparándose en lo que él considera “independencia de poderes”, que a tenor de lo declarado, consiste en que el Poder Legislativo puede desacatar cuando se le antoje las decisiones del Poder Judicial, provenientes incluso de la máxima instancia. ¿Será que para Núñez esta supuesta...
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