El Tratado de Asunción (1991) busca eliminar en el Mercosur los derechos aduaneros y las restricciones no arancelarias al tráfico de mercancías y “cualquier otra medida equivalente”, en tanto que el Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná (1992), suscrito por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, prohíbe “establecer ningún impuesto, gravamen, tributo o derecho sobre el transporte, las embarcaciones o sus cargamentos, basados únicamente en el hecho de la navegación”, sin previo acuerdo de los países signatarios. La disposición, flagrantemente violada por Argentina, no puede ser más contundente.
Ignorando estas claras disposiciones, el Gobierno argentino comete desde el 1 de enero de este año la arbitrariedad de intentar cobrar, sin consulta previa y sin ninguna contraprestación, un peaje por el transporte de carga en el tramo comprendido entre el puerto de Santa Fe y la confluencia de los ríos citados, violando el principio de libre navegación de los ríos internacionales, sostenido por el Paraguay a lo largo de su historia. Esta medida perjudicará a los exportadores y a los importadores compatriotas, con el consiguiente aumento de precios para el consumidor final, dentro y fuera...
En mayo último, los delegados de Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay ante la Comisión del Acuerdo expresaron su “grave preocupación” y sostuvieron que el cobro indebido del peaje, incluso a embarcaciones que no transportan mercaderías, ya había causado “perjuicios considerables al comercio, que deben cuantificarse para su eventual compensación”. En efecto, urge que los daños sean justipreciados y resarcidos, ante la evidente transgresión de instrumentos internacionales, a los que se suma el Programa de Acción de Viena en favor de los Países en Desarrollo Sin Litoral para el Decenio...
Estos flagrantes atropellos indujeron a la Cancillería nacional a solicitar el sábado a la del país vecino que se levanten los embargos y se garantice la libertad de tránsito, hasta tanto se resuelva la disputa sobre la interpretación y la aplicación del acuerdo sobre la hidrovía. Por su parte, ayer, el canciller Julio Arriola pidió al embajador argentino José Domingo Peppo que la respuesta no se haga esperar, lo que parece bastante atinado, dada la gravedad del caso. También urge que el asunto de fondo –la exacción que supone el cobro injustificado del peaje– sea resuelto de una vez por...
El Gobierno argentino alega que la recaudación irregular serviría para financiar las inversiones realizadas desde 2020 para facilitar la navegación por el río Paraná, pero resulta que no lo ha demostrado y que, en todo caso, el cobro compulsivo fue impuesto sin el previo acuerdo de los otros cuatro países signatarios del acuerdo. La arbitrariedad no debe ser consentida. El libre comercio y el libre tránsito por ese río internacional deben ser restaurados y los perjuicios resultantes de la medida unilateral, compensados.
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