En noviembre pasado fue aprobado en la Cámara de Senadores, por lo que cuenta con media sanción y con la aprobación en la Cámara Baja, quedaría sancionado.
La normativa significará un ahorro al Estado de G. 3.958 millones al año. Actualmente, el Estado aporta un 7% a la caja de jubilaciones de los legisladores.
El documento plantea incrementar los aportes de los parlamentarios, reducir la pensión a herederos y se da la posibilidad de que los aportes puedan ser retirados en un 95%.
Desde el 2004 hasta el 2017, el Estado paraguayo subsidió con un monto de G. 104.000 millones al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Congreso.
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