Puente publicó un análisis sobre la reforma previsional en Paraguay y el mercado de capitales en moneda local, donde afirma que en los últimos años el país avanzó de manera gradual pero consistente en la estructuración de reformas previsionales orientadas a mitigar los riesgos de insostenibilidad financiera que afectan a las cajas de jubilaciones y pensiones.
En el documento, la firma resalta que actualmente operan ocho entidades previsionales de naturaleza pública, entre ellas la Caja Fiscal, además de diversas cajas privadas, en un contexto donde las presiones actuariales y fiscales ganan creciente relevancia dentro de la discusión macroeconómica.
Un punto de inflexión, destaca, fue la promulgación de la Ley 7235/23, que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones y establece un nuevo marco de supervisión prudencial. La normativa introduce un cambio estructural en la gestión de los recursos previsionales, al homogeneizar el régimen de inversiones entre las distintas cajas y reducir la discrecionalidad histórica en la administración de los fondos.
Además, Puente afirma que entre los principales avances se encuentran la fijación de límites claros por tipo de activo y emisor. En términos de composición de cartera, el esquema prioriza instrumentos de renta fija y bajo riesgo, permitiendo, entre ellos, hasta un 55% en instrumentos emitidos por instituciones financieras y hasta un 25% en bonos o títulos de deuda de oferta pública emitidos en Paraguay, además de la posibilidad de incorporar activos extranjeros bajo criterios prudenciales.
En ese sentido, los activos de mayor volatilidad presentan topes significativamente más bajos, como el 5% destinado a acciones, mientras que los préstamos a afiliados y las inversiones inmobiliarias cuentan con límites de hasta 30%. Los límites por emisor buscan prevenir concentraciones excesivas.
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