Por Vanesa Silguero Un hombre se tuvo que encadenar frente al Palacio de Justicia de Asunción para conseguir que se resuelva cuanto antes un amparo contra el Instituto de Previsión Social, que se negaba a comprar el medicamento “ivacaftor”, recetado para el tratamiento de sus hijos que padecen de fibrosis quística. Una medida extrema que […]
Un hombre se tuvo que encadenar frente al Palacio de Justicia de Asunción para conseguir que se resuelva cuanto antes un amparo contra el Instituto de Previsión Social, que se negaba a comprar el medicamento “ivacaftor”, recetado para el tratamiento de sus hijos que padecen de fibrosis quística. Una medida extrema que lastimosamente resulta ante la lentitud del sistema de justicia, porque el caso estaba esperando un resultado desde el año 2020.
Horas después de la manifestación a la que podríamos calificar hasta de humillante, la Corte Suprema de Justicia finalmente se expidió rechazando la acción de inconstitucionalidad que había presentado el IPS en el año 2020, ordenándole que adquiera el fármaco.
Este desenlace nos deja la impresión de que encadenándonos o anunciando una huelga de hambre podríamos obtener un resultado de la justicia, lo que refleja la desconfianza que muchos sienten hacia uno de los Poderes del Estado, justamente el que debe velar por la protección de nuestros derechos eficaz e igualitariamente.
Sin embargo, la situación producida en este caso, nos lleva a preguntarnos cuántas personas más estarían esperando que la Sala Constitucional de la Corte ordene al IPS, o al Ministerio de Salud Pública, la compra de un medicamento o el tratamiento médico; o cuántas otras habrá a las que ya no les alcanzó el tiempo de esperar.
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