El Tribunal de Apelaciones en lo Penal, Tercera Sala, revocó la resolución de la Juez Lici Sánchez que resolvió negar un amparo constitucional a una funcionaria del IPS que fue suspendida sin goce de sueldo a pesar de contar con medida de sobreseimiento provisional, lo que atenta contra el principio de inocencia y otros derechos […]
El Tribunal de Apelaciones en lo Penal, Tercera Sala, revocó la resolución de la Juez Lici Sánchez que resolvió negar un amparo constitucional a una funcionaria del IPS que fue suspendida sin goce de sueldo a pesar de contar con medida de sobreseimiento provisional, lo que atenta contra el principio de inocencia y otros derechos procesales.
Al respecto, la abogada Alejandra Peralta manifestó a PDS Radio que se trata de una funcionaria del Instituto de Previsión Social (IPS) que tiene una discapacidad auditiva; la misma afronta un proceso penal en el cual le fue otorgado el sobreseimiento provisional y se encuentran aguardando el sobreseimiento definitivo. A raíz de este proceso, el IPS se basó en el Decreto 8841 del 2018 que, en el art. 40 dice que los funcionarios imputados serán suspendidos sin goce de sueldo hasta que recaiga sobreseimiento definitivo o absolución.
“Eso es una clara violación al art. 27 de la Constitución Nacional que habla sobre la presunción de inocencia, ya que la persona imputada todavía sigue siendo inocente hasta que exista una sentencia condenatoria, sin embargo, el IPS aplica una sanción administrativa sin goce de sueldo a pesar de ello” explicó la abogada.
Señaló además que su representada gana Gs. 2.800.000, por lo que esto provoca que la misma no cuente con los elementos básicos para poder alimentarse y subsistir, a lo que se suma las limitaciones propias de una persona que cuenta con una discapacidad para poder acceder a cualquier tipo de otro trabajo, lo que, según la abogada, incluso “empuja” a las personas a buscar otros medios como la prostitución para poder subsistir.
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