Se encuentra en la Cámara de Diputados el proyecto de ley “que regula la realización y divulgación de encuestas electorales, para cargos de elección popular y referéndum”, ya aprobado en el Senado. ¿Qué clase de temor es el que impulsa a los políticos a establecer tan severas restricciones a encuestadores profesionales y a ocasionales? Porque lo hacen incluso desafiando flagrantemente la garantía constitucional establecida en el último párrafo del art. 26: “Toda persona tiene derecho a generar, procesar o difundir información, como igualmente a la utilización de cualquier instrumento lícito y apto para tales fines”. ¿Por qué la encuesta electoral molesta a algunos legisladores? Porque los políticos que no ejercen la suficiente atracción en el electorado creen que su fracaso se debe a la supuesta manipulación de esas averiguaciones para favorecer a sus adversarios. Los métodos de pesquisa dirigidos a conocer y medir datos de la opinión pública, entre los cuales está la averiguación de la intención de voto electoral, constituyen una parte significativamente importante de lo que nuestra Constitución denomina “libertad de expresión y de prensa”, “derecho a informarse” y “libertad de ejercicio del periodismo”.
Las comisiones de Legislación y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se reunieron con representantes de la Justicia Electoral y de las empresas encuestadoras para debatir sobre el proyecto de ley “que regula la realización y divulgación de encuestas electorales, para cargos de elección popular y referéndum”, un documento que ya posee la sanción de la Cámara de Senadores.
Este proyecto fue originalmente presentado por los senadores liberales Fernando Silva Facetti, Enzo Cardozo y Zulma Gómez, hace poco más de un año, siendo posteriormente unificado con otro similar presentado por los legisladores del Frente Guasu, Carlos Filizzola, Sixto Pereira, Hugo Richer, Fernando Lugo y Esperanza Martínez, en mayo de este año.
¿Qué clase de temor es el que impulsa a estos políticos a establecer tan severas restricciones a encuestadores profesionales y a ocasionales? Porque lo hacen incluso desafiando flagrantemente la garantía constitucional establecida en el último párrafo del art. 26: “Toda persona tiene derecho a generar, procesar o difundir información, como igualmente a la utilización de cualquier instrumento lícito y apto para tales fines”.
¿Qué son las encuestas? Son, exactamente, instrumentos de información pública que se emplean para conocer un estado de opinión social concreto, generalmente consistente en cuestionarios escritos o verbales en que se asientan las respuestas de las personas encuestadas. Los datos así obtenidos se procesan con metodología estadística y se expresan por medio de porcentajes y gráficos.
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