Desde los supermercados hasta los mercados municipales, los productos que llegan a la mesa deben cumplir requisitos sanitarios y de trazabilidad. Sin embargo, el ingreso irregular de mercaderías, la conservación inadecuada y la comercialización de alimentos sin registros plantean interrogantes sobre la capacidad de fiscalización y la protección de los consumidores.
En Paraguay, la vigilancia de los alimentos involucra a distintas instituciones, según el tipo de producto y la etapa de la cadena. La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA) asumió las funciones regulatorias y de fiscalización sanitaria de alimentos tras la promulgación de la Ley N.º 7361/2024, que incorporó las competencias del área regulatoria del antiguo INAN.
El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) interviene en el control de productos de origen animal, mientras que el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) tiene responsabilidades sobre productos vegetales. La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), por su parte, fiscaliza el ingreso legal de mercaderías y combate el contrabando. También participa la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO), en el ámbito de protección de los derechos de los compradores.
Los productos que ingresan al país sin documentación pueden eludir controles y verificaciones exigidos para su comercialización. En febrero de 2026, la DNIT informó sobre el decomiso de 8.940 kilos de tomate en un depósito próximo al Mercado de Abasto de Asunción. El procedimiento se realizó con apoyo de técnicos del SENAVE, ante la falta de documentos que respaldaran el ingreso de la mercadería.
En julio de este año, otro operativo en el Mercado de Abasto Central permitió incautar más de tres toneladas de tomate y zapallo de presunto origen extranjero, también sin documentación que acreditara su ingreso legal.
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