La Sala Penal de la Corte declaró inadmisible el recurso extraordinario de casación interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia Número 54 de fecha 27 de julio del 2023, con lo que se confirma las condenas a Víctor Antonio Zarza Ferreira a 15 años de pena privativa de libertad, a Ernesto Simón Ávalos Fernández a 19 […]
La Sala Penal de la Corte declaró inadmisible el recurso extraordinario de casación interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia Número 54 de fecha 27 de julio del 2023, con lo que se confirma las condenas a Víctor Antonio Zarza Ferreira a 15 años de pena privativa de libertad, a Ernesto Simón Ávalos Fernández a 19 años de pena privativa de libertad y a Fermín Domínguez Eschenmoser a 20 a años de pena privativa de libertad, por el homicidio doloso del suboficial 1º Roddy Javier Bernal Pérez.
Entre los agravios planteados se citan inobservancia de un precepto constitucional, específicamente el art. 11 de la Constitución, sobre el punto el preopinante, Mtro. Manue Ramírez Candia, el impugnante Vìctor Zarza al consignar la norma que ha sido inobservada o erróneamente aplicada, debe explicar las razones fácticas y jurídicas que la produjeron, lo cual no ocurre en el caso particular, pues la defensa se limita a mencionar simplemente el artículo constitucional señalando que fue vulnerada de forma genérica sin explicar por qué.
En ese sentido, la simple mención de una norma constitucional que se alega fue inobservada, no es suficiente, al invocar el motivo previsto en el art. 478 numeral 1) del Código Procesal Penal, se debe además de indicar de forma puntual cual es la norma constitucional vulnerada, fundamentar fáctica y jurídica como se produjo esa violación, es decir, debió indicar qué actuación procesal provocó la inobservancia del precepto constitucional que se invoca, lo cual la recurrente no ha realizado, simplemente cita un artículo de la Constitución y se refiere a su inobservancia en términos genéricos,...
Por otra parte hace alusión al cómputo del plazo previsto en el art. 136 del Código Procesal Penal también citado como agravio, se debe considerar como fecha de inicio: el primer acto de coerción personal directo y efectivo, pues con él ya se interfiere en los derechos del procesado.
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