Aduanas pidió apoyo a la Procuraduría para intentar rever la decisión de la justicia que permite a 49 funcionarios de su plantel en edad de jubilarse morir en sus cargos. Algunos de los beneficiados argumentan que por el seguro médico no quieren acogerse a la jubilación. Estas personas cuestan al Estado US$ 1.000.000 al año.
El titular de la Dirección Nacional de Aduanas, Julio Fernández, informó ayer a nuestro diario que pidió ayuda a la Procuraduría General de la República en el caso de los 49 funcionarios que no se jubilarán debido a disposiciones judiciales. Lograron evadir la Ley 4252/10, que modifica varios artículos de la Ley 2345/03 “De Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público”. Hoy se reunirán para coordinar las acciones a seguir, nos dijo ayer el procurador Sergio Coscia.
La justicia benefició a estos funcionarios, de entre 65 y 74 años, con el argumento de que la norma viola garantías constitucionales, como “la igualdad, no discriminación, calidad de vida y el derecho al trabajo”.
Mientras Fernández aseguró que “quiere sanear” la entidad, considerada una de las más corruptas, rumores de pasillo señalan que quiere “ubicar a funcionarios de su confianza (recaudadores)”.
Entre los beneficiados aparecen políticos, investigados por corrupción y vinculados a poderosos de turno. Por ejemplo, Néstor Acosta, pariente del expresidente Ángel González Macchi; Lorenzo Frutos y Blas Agüero, al expresidente Nicanor Duarte Frutos.
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