La querella había sido promovida por el ministro de Inteligencia, Esteban Aquino, a raíz de las declaraciones de la misma como testigo en el caso promovido contra el Estado paraguayo, por su hermano Juan Arrom.
Cristina Arrom había acusado a Aquino en la audiencia, durante su testifical ante la Corte IDH, de ser uno de los involucrados en el secuestro y torturas de su hermano Juan y de Anuncio Martí.
En su argumentación, el juez Alfieri señala que el canciller Luis Castiglioni, el 7 de mayo pasado, había enviado al presidente de la Corte la resolución dictada por la entidad dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Indica que nuestro país aprobó y ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, por Ley 1/89, que fue firmada por el Paraguay el 2 de febrero de 1971.
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