El último informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos dice que nuestro país estará nuevamente entre los líderes en producción de soja a nivel mundial, la mayor por habitante a escala planetaria. Este salto no solo se ha dado en la agricultura. También el sector cárnico paraguayo se ha posicionado en los mercados internacionales.
Este avance en el sector agropecuario es el resultado del esfuerzo diario, la inversión y la propiedad privada, sin embargo, está por recibir una estocada mortal. Miles de familias paraguayas y extranjeras que trabajan e invierten con valor agregado en productos alimenticios de impacto positivo sobre el empleo y el ingreso de divisas para el Paraguay, serán perjudicados si persiste el intento del Ejecutivo en lograr su objetivo de ratificar en el Congreso un documento que, de aprobarse, se convertirá en un Tratado internacional con perniciosos efectos en el orden jurídico y la economía.
El documento llamado “Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe”, más conocido como Acuerdo de Escazú, expresa normativas que en su práctica conllevarán a una situación de desorden jurídico.
La economía del sector agropecuario, en específico, será puesta como furgón de cola de intereses de grupos que, valiéndose de este Acuerdo, afectarán a la libre disponibilidad de la propiedad privada y de la misma libertad de emprendimientos.
Una de las razones de este daño está en la puesta en marcha de grupos y personas que en nombre del medio ambiente tendrán la autorización de objetar y hasta de impedir una actividad determinada por los propietarios. La llamada “autoridad competente”, que otorga poderes discrecionales a organizaciones ambientales ligados a ONG ambientales, campesinas y otros grupos –estatales y privados– tendrán potestad de participar y de detener todo tipo de proyectos en el sector agropecuario. La justificación será el “posible” daño ambiental.
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