El Ministerio Público, encabezado por Sandra Quiñónez, tuvo actuaciones dispares a la hora de actuar sobre los supuestos usos irregulares del fondo de emergencia por parte de las Gobernaciones. La Fiscalía actuó rápidamente contra el gobernador de Caazapá, Pedro Díaz Verón (ex Añetete, actual cartista) pero casi no se movió en los casos de los cartistas Hugo Javier González (Central) y César “Tigre” Ramírez (Canindeyú), con denuncias iguales o más graves.
Desembolsos en tiempo récord, deficiencias documentales y ONG integradas por personas vinculadas al gobernador de Canindeyú, César “Tigre” Ramírez (ANR, cartista), son algunas de las anomalías detectadas en la rendición de cuentas de los G. 12.764 millones (US$ 2.000.000) del fondo covid entregados a los administradores políticos del XIV Departamento.
Y pese a las evidencias, la Fiscalía, dirigida por Sandra Quiñónez, no llegó hasta ahora a la gobernación para realizar alguna verificación.
El exfutbolista y actual jefe departamental Ramírez incluso había reconocido algunas de las denuncias, pero las minimizó al decir que son cuestiones administrativas. Sin embargo, se descubren más deficiencias a diario.
Tal es el caso de la integración de las dos ONG beneficiadas con dinero público. Un primer punto que evidenció la documentación adjunta en la rendición de cuentas, es que la Asociación Pro Desarrollo del Norte y la Asociación Pro Apoyo al Consejo Departamental de Salud tienen casualmente como miembro a un exfuncionario de la Gobernación de Canindeyú.
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